EL PASO, Texas, EE.UU. (AP) — En una nueva escalada del papel de las fuerzas armadas en la frontera sur de Estados Unidos, soldados han comenzado a detener a migrantes acusados de invadir un área recientemente designada como militarizada. Esta medida fue reportada por las autoridades el miércoles.

El teniente coronel Chad Campbell detalló que durante la semana pasada se dieron las primeras detenciones en esta zona, donde tres migrantes fueron interceptados cerca de Santa Teresa, Nuevo México, por cruzar una barrera de protección. Posteriormente, esos migrantes fueron entregados a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), sumándose a más de 1.400 migrantes que enfrentan acusaciones por ingresar ilegalmente a áreas militarizadas en la frontera sur, como parte de una nueva estrategia de control adoptada por el gobierno del presidente Donald Trump.

A pesar de que la Ley Posse Comitatus prohíbe a los soldados realizar labores de aplicación de la ley civil en suelo estadounidense, la doctrina del propósito militar permite ciertos casos excepcionales. Campbell explicó que los soldados fueron instruidos para interceptar a los tres migrantes que cruzaban la frontera. En unos minutos, agentes de la Patrulla Fronteriza llegaron al lugar para su captura, lo que representa una detención temporal por parte del ejército en el lugar.

Trump designó dos áreas de defensa nacional en la frontera sur, específicamente para Nuevo México y una sección de aproximadamente 97 kilómetros (60 millas) en el oeste de Texas, comenzando desde El Paso hasta Fort Hancock. Esto permite que gran parte de las tierras gestionadas por el Departamento del Interior pasen a ser administradas por el Departamento de Defensa durante tres años. Las declaraciones del portavoz militar Geoffrey Carmichael sugieren que, aunque inicialmente se han establecido estas zonas, se planea expandirlas en un futuro cercano.

En declaraciones recientes, Carmichael enfatizó que habrá más áreas de defensa a lo largo de la frontera sur, sin especificar ubicaciones. A su vez, fiscales federales y algunos defensores de derechos argumentan que la militarización ayuda a consolidar los esfuerzos de seguridad fronteriza. El jefe de la oficina de la Patrulla Fronteriza en el sector de El Paso, Walter Slosar, mencionó que se busca crear un entorno más seguro para frenar el tráfico ilícito.

Sin embargo, la aplicación de cargos de seguridad nacional contra migrantes en estas áreas ha enfrentado resistencia, ya que algunos abogados y jueces han desestimado casos al no encontrar suficiente evidencia que demuestre que los migrantes conocían la militarización del área. En Texas, una peruana fue absuelta en el primer juicio bajo esta iniciativa mientras que el fiscal federal Justin Simmons aseguró que continuarán procesando los casos de invasión.

Esta intensificación del compromiso militar en la frontera se da en un contexto de creciente preocupación de los alcaldes del área de Los Ángeles, quienes han exigido que el gobierno detenga las redadas migratorias que han provocado temor en sus comunidades. Ante las protestas, Trump autorizó el despliegue adicional de 2000 miembros de la Guardia Nacional, elevando a 4100 el total de elementos desplegados. El pentágono también trasladó alrededor de 700 marines.

Esta histórica intervención militar se traduce también en repercusiones sociales, con acciones civiles en contra de las redadas, que han aumentado la presión sobre la administración para proteger a los inmigrantes. Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP, apoyado por inteligencia artificial.