La abogada Daniela Barreiro, representante legal de la familia de Sebastián Villarreal, asesinado en un robo en febrero de 2024 en la ciudad de Córdoba, expresó su preocupación por la falta de información y protección para los seres queridos de la víctima, en especial para sus hijos, quienes fueron testigos del brutal crimen.

En diálogo con Cadena 3, Barreiro denunció la inacción de las autoridades y la reincidencia de un menor implicado en el homicidio, quien se encuentra en libertad y continúa delinquiendo en las zonas de la ciudad de Córdoba y Carlos Paz.

Sebastián Villarreal fue asesinado durante un robo en el que participaron varios individuos, entre ellos dos menores. Uno de ellos, no punible al momento del hecho, fue liberado del Complejo Esperanza apenas seis meses después del crimen, a pesar de contar con antecedentes delictivos. 

Según Barreiro, este menor fue aprehendido al menos cuatro veces más desde entonces por incumplir las condiciones impuestas tras su salida del centro de detención. "Sabemos que se mueve entre Carlos Paz y Córdoba Capital, pero no se nos informa dónde está. Esto es una forma de violencia institucional contra las víctimas, que tienen derecho a saber, por seguridad, dónde se encuentra alguien que participó en el asesinato de su ser querido", afirmó la abogada.

La familia Villarreal, encabezada por Jimena, hermana de Sebastián, vive con miedo. Los hijos de la víctima, testigos del homicidio, enfrentan la incertidumbre de saber que el menor implicado está libre, sin un seguimiento adecuado. "Es inadmisible que los chicos sepan que una de las personas que mató a su papá anda suelta y no sepan dónde", señaló Barreiro, quien criticó la falta de comunicación por parte de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) y de la Justicia Penal Juvenil.

Barreiro relató que realizó presentaciones formales ante la jueza penal juvenil para obtener información sobre las condiciones de liberación del menor, pero sus pedidos fueron denegados. "Solicité datos reservados para saber dónde estaba el menor y cuáles eran las condiciones de su liberación, pero no obtuve respuestas. Entendíamos que, ante un delito tan grave y con los antecedentes del menor, no estaban dadas las condiciones para que volviera a la calle", explicó. 

La abogada también cuestionó en Cadena 3 el diagnóstico y el tratamiento brindado por los equipos interdisciplinarios de Senaf y la Justicia, calificándolos como una "mala praxis" que permitió que el menor regresara al entorno donde se generaron las condiciones para su conducta delictiva.

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El menor, que inicialmente fue entregado a una familia sustituta tras salir del Complejo Esperanza, volvió a vivir con su madre biológica, en el mismo contexto de delincuencia en el que creció. "Se lo entregó a una familia que, según los equipos interdisciplinarios, había salido del delito, pero ni siquiera ellos pudieron contenerlo. Ahora está nuevamente con su madre, en el entorno donde se formó como delincuente", denunció Barreiro. 

La abogada subrayó que la solución no pasa por bajar la edad de imputabilidad, como propone una parte de la opinión pública, sino por una intervención más efectiva de las instituciones del Estado. "No se trata de meter a todos los menores en el Complejo Esperanza, sino de garantizar un seguimiento real y cercano. Nos dijeron que el menor tenía un control diario, pero está claro que eso no existe, porque sigue delinquiendo", afirmó.

Por otro lado, Barreiro destacó las dificultades para garantizar la seguridad de la familia Villarreal. Los hijos de Sebastián, además de ser víctimas, son testigos clave en la causa, lo que los pone en una situación de vulnerabilidad. A pesar de una orden judicial que dispuso una consigna policial en el domicilio de la familia, la protección fue intermitente. "La consigna aparecía y desaparecía. Hace unas semanas, a las 3 de la mañana, tuve que comunicarme con unidades judiciales y comisarías porque no había protección. Las comisarías ni siquiera tienen teléfono", relató. Solo tras gestiones directas con el Ministerio de Seguridad, la consigna se mantuvo de manera constante.

La abogada también señaló que un vecino cercano al domicilio de la familia está involucrado en una causa por asociación ilícita relacionada con el homicidio de Villarreal, lo que agrava la sensación de inseguridad. "No solo hablamos de los hijos de Sebastián, sino de testigos que deben ser protegidos. Es una obligación del Estado", enfatizó.

Jimena Villarreal, hermana de la víctima, insistió en que la solución no radica en medidas punitivas como la baja de la edad de imputabilidad, sino en una acción coordinada y efectiva de los organismos estatales. Barreiro respaldó esta postura: "Decir 'bajemos la edad de imputabilidad' es un discurso fácil, pero no resuelve el problema de fondo. ¿Cuántos menores cometen delitos tan graves como este en Córdoba? Debería haber un seguimiento excepcional, no solo para este menor, sino para evitar que estas tragedias se repitan".

La abogada hizo un llamado a las autoridades, incluyendo a la ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero, y a la titular de Senaf, Julia Alejandra Reartes, para que brinden respuestas concretas y garanticen la seguridad de la familia Villarreal. "Me gustaría que hablaran, que expliquen por qué fallaron los controles, por qué este menor sigue delinquiendo. La familia merece vivir sin miedo", concluyó.

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Entrevista de Miguel Clariá, Juan Federico y Francisco Centeno.